Situación gremial de la docencia universitaria y preuniversitaria
PDF: DOCUMENTO PARA EL DEBATE – MECH 09052023
El contexto económico-político del país
Nuestro país atraviesa un proceso inflacionario que deteriora de manera sistemática nuestros ingresos y pone en crisis la previsibilidad de nuestras economías. Más allá de los discursos sobre el combate a la inflación está claro que el proceso inflacionario es una consecuencia directa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pauta una reducción “drástica” del gasto público y una reconversión de la política económica del país hacia el pago de los “servicios” de la deuda. Ese acuerdo produjo una novedad política: legitimar una deuda que tiene un carácter fraudulento por su origen y su destino que fue engrosar los activos de las grandes empresas y su posterior fuga al exterior. A ello se suma el accionar especulativo de los grupos concentrados de la economía formadores de precios.
Este Gobierno acordó con el FMI condicionado por la acción del ex presidente Macri y su alianza con Estados Unidos. La deuda se paga sin una auditoría previa, se pone en riesgo el fondo de sustentabilidad de ANSES y se consolida una política de ajuste estructural en materia social.
La CONADU Histórica, junto a la CTA Autónoma y a la clase trabajadora en su conjunto, se pronunciaron en contra del acuerdo con el FMI y denunciaron la responsabilidad del Gobierno del ex presidente Macri en comprometer la economía y la política del país a los condicionamientos externos. La derrota de Macri en las urnas no fue acompañada de una derrota jurídica que corte la dependencia externa de nuestro país de tales condicionamientos que sólo trajeron más pobreza y pérdida de bienestar. Esto es, el acuerdo con el FMI produce una verdadera crisis económica en el espacio nacional. La respuesta que el propio FMI exige es sobre la base de favorecer aún más a los sectores concentrados vinculados al mundo de las finanzas, de los agronegocios y de la explotación de nuestros recursos naturales.
El FMI y las estrategias de los sectores de poder del país plantean un fuerte proceso de ajuste y bloquean para que el Gobierno Nacional dé la única respuesta positiva a tal crisis: la salida redistributiva y con más inversión en educación, salud, vivienda e infraestructura. La experiencia histórica de los condicionamientos del FMI a nuestro país muestra que uno de los sectores que prontamente recibe los ataques a su propia existencia es la Universidad Pública.
La estrategia gremial de CONADU HISTÓRICA
Nuestra Federación, consultando permanentemente a sus bases, intensificando los procesos de democracia interna, coordinando con las asociaciones de base del FAB y convocando a quienes rechazan paritarias a la baja, planteó un claro horizonte de rechazo al ajuste al salario. Este año a partir de decisiones que se habían tomado ya en diciembre de 2022, se inició un plan de acción gremial de medidas de fuerza de una semana, evaluación, reorganización estratégica y nueva semana de paro que totalizaron 3 semanas de paro. Esto produjo una dinámica del conflicto y una reorganización de la voluntad de nuestras bases de luchar para defender el salario, nuestras condiciones de trabajo y la universidad pública.
Esta dinámica implicó un in crescendo de la lucha y un impacto real en nuestras patronales: el CIN y el Ministerio de Educación. Nuestros paros incidieron en que se convoque a la reapertura de la paritaria en abril. La Federación evalúa que la acción gremial desplegada, a partir del rechazo a la propuesta salarial de marzo, obligó al Gobierno Nacional a reabrir la negociación y a mejorar la propuesta. Ninguna otra Federación tuvo, ni tiene, la voluntad de exigir una mejora salarial. En este sentido, la acción convergente de nuestra Federación con el Frente de Asociaciones de Base (FAB) de CONADU permite afirmar que la mayoría de la docencia universitaria y preuniversitaria rechazó la propuesta y consecuentemente está luchando para defender el salario.
La situación del salario
El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, de fecha 24/04/23, rechazó por insuficiente la nueva propuesta salarial formulada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Esa propuesta sólo reorganizó el porcentaje ofrecido en el mes de marzo 2023 de manera que el 14 % que estaba pendiente para cobrar -un 7% en mayo y un 7% en junio- se pasó a un 8 % en abril y 6% en mayo. Ese esquema mantiene la pérdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflación, no satisface nuestros reclamos y tampoco se condice con el discurso del Gobierno Nacional de que los salarios le ganarían a la inflación.
Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria están tan bajos que la “Garantía Salarial Docente”, esa compensación salarial para llegar a un piso salarial mínimo, alcanza a casi la totalidad de los cargos universitarios y, ahora, a algunos cargos preuniversitarios. Esta es una evidencia palmaria del retraso salarial.
Los bajos salarios son alcanzados igualmente por el impuesto a las ganancias en las categorías superiores y de mayor antigüedad. Esta injusticia flagrante tiene que cesar; deben los salarios de trabajadoras y trabajadores dejar de tributar este impuesto. Con ese horizonte, reclamamos medidas concretas para desgravar ítems como antigüedad, título de posgrado o zona desfavorable, incluso el FONID para el sector preuniversitario.
Una mención especial requieren nuestras jubilaciones. Desde diciembre de 2019 con la llamada “ley de solidaridad” están bajo “observación” nuestros regímenes especiales de jubilación del 82% y del 85 % móvil. Éste último, de hecho, ya no se ajusta de acuerdo a nuestras remuneraciones.
Por ello entendemos que si no le ponemos límites con firmeza a la política salarial del Gobierno para nuestro sector, el deterioro de nuestros ingresos se profundizará. Tenemos la certeza de que la situación hubiera sido mucho peor, en este periodo, sin las medidas de acción gremial que desplegamos.
Lo que la derecha nos promete
Consideramos que nos encontramos frente a una gran campaña desde los sectores de derecha – que hoy son la “oposición”- que explícitamente plantean que si retornan al gobierno habrá arancelamiento y privatización de la educación pública, flexibilización laboral, eliminación de nuestros regímenes jubilatorios, privatización de lo poco que nos queda del patrimonio nacional. Esto es, un ajuste profundo, más dependencia del país y sufrimientos para las mayorías populares.
Los rectorados de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Cuyo se muestran “como la mano dura”, como ejemplos de ese camino. A contramano del conjunto de las universidades nacionales, impusieron el descuento de haberes por los días de paro y, como el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, la conciliación obligatoria. Rechazamos y repudiamos estas acciones que avasallan nuestro derecho constitucional de huelga como clase trabajadora y son un claro intento de amedrentamiento y disciplinamiento.
En este contexto es que continuamos con nuestros reclamos. La salida no es cortar por lo más fino y ceder a las imposiciones del FMI y los condicionamientos de la deuda externa. Por ello denunciamos las propuestas y campaña de elitización, privatización y profundización del ajuste que pregonan desde los sectores reaccionarios del país.
La Universidad es el lugar donde docentes y estudiantes convergemos en un proyecto de formar técnicos y profesionales que el país necesita. La Universidad es el espacio de producción y puesta a punto de los conocimientos que contribuyen a un desarrollo nacional independiente. Esta es una posición estratégica, de soberanía del conocimiento y desde ahí docentes, investigadores y creadores artísticos desarrollamos nuestra tarea diaria.
Reorganizar las fuerzas y sostener el pliego de reivindicaciones
Presupuesto universitario, salarios y condiciones laborales son requisitos para el desarrollo del aprendizaje de millones de estudiantes. Debe revertirse el retraso salarial que sufre nuestro sector respecto de la escalada inflacionaria. Por ello continuamos reclamando.
En este contexto, exigimos la actualización mes a mes de nuestros salarios. Es mucho lo que se pierde cada vez que los incrementos quedan por debajo de la inflación o no hay ningún incremento. Nuestro reclamo de cláusula gatillo para, por lo menos, no perder con la inflación cobra una vigencia evidente.
La paritaria debe convocarse nuevamente en el mes de mayo para exigir los incrementos necesarios y recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios.
El próximo viernes 12 de mayo sesionará, en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación, el Congreso de nuestra Federación. Esta instancia de deliberación nacional, resolverá en función de los mandatos de las Asociaciones de Base las próximas medidas necesarias.
Convocamos a la docencia universitaria en cada asociación de base, en cada Universidad, en cada Facultad, en cada Escuela a debatir las medidas de acción gremial para defender nuestros salarios y condiciones de trabajo.
Llamamos también a la más amplia unidad de las distintas organizaciones gremiales que no pertenecen a nuestra Federación a unirnos en defensa de nuestros salarios, condiciones de trabajo y, en definitiva, de la Universidad Pública.
MESA EJECUTIVA – CONADU Histórica