Repudiamos el espionaje contra referentes políticos, activistas, periodistas y otros actores sociales llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, repudia el espionaje contra referentes políticos, activistas, periodistas y otros actores sociales llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la dirección de Gustavo Arribas, perpetradas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las causas originadas en las denuncias presentadas por la actual conducción de la Agencia mencionada y en las confesiones de un narco ante el juez Federal de Lomas de Zamora, ponen en evidencia una política sistemática impulsada desde las más altas esferas del poder tendientes a criminalizar las protestas, perseguir a opositores e inclusive favorecer acciones intimidatorias contra dirigentes de diversos espacios.
Es indudable que siguen existiendo desde la Dictadura estructuras de vigilancia con capacidad de ejecutar operaciones de inteligencia, las que se han vinculado al poder político y judicial, e incluso con grandes medios de prensa.
Es especialmente preocupante el seguimiento y la clasificación de periodistas en términos similares a los que usaba la SIDE en la Dictadura, generando «fichas» con perfiles ideológicos y posturas sobre el gobierno y otras temáticas como el feminismo o el aborto. Igualmente, es extremadamente grave el espionaje sobre actividades políticas e incluso sobre organizaciones, como se realizó contra el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
CONADU Histórica exige que se investigue y sancione a todas las personas involucradas en estas operaciones, sus ideólogos y mandantes políticos, se desarticulen este tipo de estructuras y se desclasifiquen y destruyan todos los materiales producidos sobre referentes políticos, sindicales y sociales.
Sin dejar de resaltar la extrema gravedad de las políticas de espionaje del gobierno de Cambiemos, esta federación no puede dejar de advertir sobre el riesgo que supone el Protocolo de Ciberpatrullaje establecido por el Ministerio de Seguridad del actual gobierno. Ese instrumento, plasmado en la resolución 144/2020 de la cartera citada, habilita la recopilación de información sobre personas a partir de fuentes abiertas (redes sociales, principalmente) sin que medie orden judicial previa ni se establezcan controles democráticos y transparentes para actividades de ese tipo por parte de fuerzas de seguridad. En ese sentido, instamos al gobierno a derogar esa norma y avanzar hacia un cambio profundo del sistema de inteligencia, basado en el pleno respeto de los derechos humanos.