No al ajuste de presupuesto en la universidad pública y la ciencia

No al ajuste de presupuesto en la universidad pública y la ciencia
NO al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.
Por una Universidad al servicio de la mayoría nacional

El nuevo Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro anunció que: “no vamos a financiar más nuevas carreras en las que no haya áreas de vacancia” y remató que “una Universidad puede dictar las carreras que quiera, pero tendrá que tener recursos propios”. «Si una Universidad quiere abrir una carrera de Derecho, por supuesto que lo puede hacer, pero tendrá que sacar partidas de otros presupuestos para poder llevarlo a cabo», explicitó inmutable. Y para coronar, afirmó que «el país tiene que ir a un sistema universitario donde las carreras sean más cortas y ágiles».

Está anunciando el ajuste presupuestario sobre las universidades públicas.

A los salarios docentes que están por debajo de la línea de pobreza, los niveles de deserción de nuestros estudiantes sostenidos en la falta de boleto estudiantil, becas y comedores, se suma ahora un recorte de $2.000 millones del presupuesto universitario para 2018 en los ítems no salariales. Las escasas becas (ya recortadas) serán reorientadas a las carreras de áreas de vacancia. Lo mismo ocurrirá con la reorientación de partidas para financiar proyectos de investigación. Todo un plan integral contra la comunidad educativa.

El nuevo Ministro así como 47 Rectores de Universidades Nacionales, dieron un paso más en el camino de la equiparación entre Universidades Nacionales Públicas y Privadas. El funcionario destacó que «a partir de la firma del convenio por el cual se impone el Sistema de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, estudiantes de Ingenierías de instituciones públicas y privadas del país podrán cambiarse de Universidad sin rendir equivalencias».

Doscientos treinta carreras de Ingeniería se han incorporado al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que nuestra Federación rechaza por ser un paso más hacia la mercantilización del conocimiento, en camino a la privatización de las Universidades Estatales. Tarea ésta que comenzó en los ’90 con la Ley de Educación Superior menemista, bajo la supervisión y directriz intelectual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Estas declaraciones son un programa estratégico, ya conocido y repudiado por la comunidad universitaria en su conjunto hace más de veinte años, cuyos pilares se resumen en:

La vulneración de la autonomía académica, como primer objetivo.
El acortamiento de las carreras de grado (y la consecuente pérdida de calidad académica), la justificación para la rápida salida a los posgrados arancelados, maquinaria que mueve fortunas en las Universidades.
Arancelamiento y negocios (bajo el formato de «servicios a terceros», «transferencias», «vinculación con el medio», entre tantas denominaciones que pretenden disfrazar el carácter meramente comercial de la venta de conocimientos), la fuente de los “recursos propios” que pasarán a convertirse en único sustento y financiamiento para las carreras de las áreas «no vacantes».
Justificación para reorientar y recortar el presupuesto universitario en función de la demanda, con indefectible precarización laboral y pérdida de cargos docentes por cierre de carreras «inviables».
Movilidad estudiantil, como oferta demagógica hacia el estudiantado que derivará inexcusablemente en disminución de matrícula y tasa de graduación en las Universidades «chicas y medianas» en detrimento de las grandes y tradicionales (que por ello recibirán más presupuesto que el resto).
La “vacancia”, el planteo que justifica todo este atropello, y que obedece a las leyes del mercado (oferta y demanda) y no a las necesidades de las mayorías populares que sostienen las universidades públicas.

Para la CONADU HISTÓRICA existe una sola “vacancia”: la de las necesidades populares y la del desarrollo autónomo de la investigación, la ciencia y la tecnología.

CONADU HISTÓRICA, en la antesala del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, reafirma su defensa incondicional de la Universidad pública estatal, laica, gratuita, autónoma, científica, de calidad, con ingreso irrestricto y – por sobre todo – comprometida con las grandes mayorías nacionales y no con las “vacancias” definidas por las grandes empresas y las corporaciones de la educación privada.

Por todo ello, la Federación ratificó la continuidad del plan de lucha instalando estos debates junto al movimiento estudiantil a lo largo y ancho del país a través de foros, paneles, movilizaciones y todo tipo de intervenciones con centralidad en:

La derogación de la Ley de Educación Superior menemista, soporte de los fondos propios, las carreras cortas de baja calidad, los posgrados arancelados, la precarización laboral y la igualación de las Universidades públicas y privadas.
El rechazo al Plan Maestro que profundiza la mercantilización y privatización de todos los niveles Educativos.
La derogación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que privatiza de hecho y de derecho a la Universidad Pública.
El aumento del presupuesto universitario, rechazando todo tipo de recorte abierto o encubierto.

Mesa Ejecutiva CONADU Histórica

Contacto: Antonio Rosselló, S.Adj.ac de Secretaria General, 1169053406