Ley Puiggrós: Una modificación conservadora que ratifica la Ley de Educación Superior menemista

Ley Puiggrós: Una modificación conservadora que ratifica la Ley de Educación Superior menemista

La recientemente sancionada Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, a pesar de promocionarse como una modificación a la Ley de Educación Superior que rige desde los noventa, conserva y ratifica la perspectiva política neoliberal de aquélla.

La Ley Puiggrós se declara contra la mercantilización y los acuerdos de Bolonia. Sin embargo, mantiene explícitamente en su artículo 7º, el modelo actual de la generación de los llamados fondos propios. Según la Ley, las instituciones universitarias “podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”. Por lo tanto los convenios con Monsanto, La Alumbrera, YPF, Chevrón, así como los aranceles y copagos en los hospitales universitarios, seguirán siendo la norma. Como lo es también la equiparación entre la universidad estatal con la privada.

Aún cuando podría considerarse un hecho auspicioso la introducción de conceptos como la prohibición de establecer gravámenes, tasas, impuestos o aranceles directos o indirectos sobre los estudios de grado, o el reconocimiento igualitario de las diferentes identidades de género, la nueva ley mantiene intacta la lógica mecantilista del conocimiento. De hecho, desde el gobierno peronista de 1949, la Universidad argentina es gratuita. Durante décadas lo fue en todos sus niveles: preuniversitario, grado y posgrado. La creciente mercantilización, privatización y vaciamiento llevó a los rectores y consejos superiores a construir un verdadero negocio con la proliferación de miles de posgrados pagos, algunos de los cuales superan los 100 mil pesos para concluir la cursada. La Ley Puiggrós, con la excusa de eliminar ciertas tasas y aranceles, que algunas Universidades hicieron proliferar en el grado, ratificó el negocio de los posgrados pagos, sin siquiera garantizar la gratuidad de los mismos para docentes, becarios e investigadores, negando así la formación gratuita y en servicio.

Del mismo modo, la ley ratifica en todo la vigencia de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), institución emblemática que lesiona la autonomía universitaria, sostén de la LES menemista que fuera rechazada por toda la comunidad universitaria argentina a través de movilizaciones, tomas de facultades y múltiples actos de repudio. Nuestra Federación CONADU HISTÓRICA protagonizó junto al movimiento estudiantil la mayoría de estas movilizaciones. Con la CONEAU y con los dictados bancomundialistas, la Ley no reforma sino que reproduce la misma matriz conceptual de los noventa, “el mismo signo conceptual y programático” –como dice los fundamentos de esta Ley- que recorre las legislaciones de estos últimos años. Así lo demuestra, por ejemplo, el uso del concepto de “calidad educativa” que titula capítulos y figura en algunos de sus artículos.

Por ello afirmamos que no se modifica el núcleo neoliberal de la Ley de Educación Superior vigente en tanto mantiene la CONEAU y el sistema de financiamiento que garantiza la gobernabilidad neoliberal. Reivindicamos la autonomía como horizonte de reclamo de una universidad democrática porque no hay autonomía universitaria sin democracia plena.

En lo que hace al gobierno universitario la Ley Puiggrós es clarísima. Mantiene la exclusión de la mayoría de los docentes del gobierno debido a que deniega el claustro único docente, la ciudadanía plena para los docentes preuniversitarios, no incrementa el claustro estudiantil y no se garantiza la presencia de los trabajadores no docentes. En definitiva, la democratización de las Universidades Nacionales sigue siendo una tarea pendiente.

La Ley y el CCT

Luego de 28 años de lucha, los docentes universitarios y preuniversitarios conquistamos en julio de 2015, nuestro primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para todas las Universidades Nacionales. En el 2006, consiguieron su primer CCT los trabajadores no docentes. Estos logros los obtuvimos luchando contra las autoridades que se erigen como patronales, contra los gobiernos nacionales de turno y contra una Ley de Educación Superior que establece que cada Universidad Nacional fijará su propio régimen salarial y la administración de personal (autarquía universitaria). La Ley Puiggrós, en su artículo 7º, mantiene esta concepción y es por ello un arma en manos de las patronales universitarias que limita los CCT nacionales y su aplicación obligatoria en todas las universidades del país.

Un triunfo de la lucha estudiantil

Fue la lucha de los estudiantes durante décadas la que logro conquistar la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto en la mayoría del sistema universitario argentino. Sin embargo gracias a la LES todavía se mantuvieron restricciones al ingreso y cupos en diversas carreras en particular las de Medicina. La lucha de la Federación de La Plata (FULP) y específicamente de los estudiantes de Medicina contra el sistema de ingreso, donde solo 80 sobre 3000 aspirantes llegan a ingresar por año, fue uno de los mojones de esta década de las luchas del movimiento estudiantil combativo , lucha que también se extendió a Córdoba y otras universidades. En este punto, la Ley Puiggrós hace una concesión a la lucha estudiantil al eliminar los exámenes de ingreso y los cupos que se sostenían en estas carreras gracias al articulado de la LES. Sin embargo mantiene la legalización de los cursos de nivelación que se realizan en muchas universidades nacionales que frecuentemente funcionan como un verdadero aparato de selección, ya que sin becas, sin infraestructura, sin la cantidad de docentes necesarios (como reconoció la Universidad de Tucumán el 30 de octubre pasado), la deserción, que alcanza al 80% de los matriculados, seguirá siendo endémica y la palmaria demostración de la exclusión de los jóvenes del sistema universitario público.

A partir de estas consideraciones seguimos convocando a la docencia universitaria y preuniversitaria y a la sociedad argentina en su conjunto a movilizarse para exigir:
• la derogación de la Ley de Educación Superior todavía vigente y ahora ratificada en sus puntos centrales por la Ley Puiggrós, así como de toda la legislación mercantilizadora de la educación;
• la inmediata eliminación de la CONEAU;
• la democratización de los gobiernos universitarios con claustro único docente y ciudadanía plena de los docentes preuniversitarios para constituir una universidad autónoma;
• la aplicación inmediata en todas las universidades y colegios preuniversitarios del Convenio Colectivo de Trabajo nacional, por la estabilidad y contra todas las formas de precarización laboral y salarial;
• incremento del presupuesto educativo, salario testigo igual a la canasta familiar, no al trabajo gratuito;
• gratuidad de todos los posgrados, formación gratuita y en servicio para todos los docentes universitarios y preuniversitarios;
• el carácter público, laico, científico y gratuito de todos los niveles educativos.

MESA EJECUTIVA NACIONAL CONADU HISTÓRICA