CONADU HISTÓRICA repudia la decisión del Ministerio de Seguridad autorizando el uso de armas tipo taser

CONADU HISTÓRICA repudia la decisión del Ministerio de Seguridad autorizando el uso de armas tipo taser

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios CONADU HISTÓRICA repudia la decisión del Ministerio de Seguridad autorizando el uso de armas tipo taser.
Cabe recordar que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló en un informe que el «uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte». De hecho, una investigación periodística (Reuters) reveló en Estados Unidos más de 150 fallecimientos ocasionados por este tipo de armas en manos de policías.
La decisión instrumentada por la cartera que dirige Patricia Bullrich mediante la resolución 395/19 habilita -en su Anexo- el uso de este instrumento cuando el efectivo evalúe que esté ante un “peligro inminente”, incluyendo la situación cuando “el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida materialmente el debido cumplimiento del
deber”. Tal redacción posibilitará su uso ante la protesta social.
La norma ni siquiera plantea el empleo de estas armas en reemplazo de otras más letales, por lo que en definitiva sólo aumentarán las circunstancias en las que se promueve el uso de la violencia desde las fuerzas de seguridad.
Esta medida, enmarcada en una política oficial que propicia el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, al punto de elogiar públicamente el asesinato de personas, es de enorme gravedad. Tanto es así, que la Ministra Bullrich llegó al extremo de aconsejar el uso de las Taser en el hospital Posadas, que hoy se encuentra militarizado y con permanente amenaza de violencia física hacia las y los trabajadores que legítimamente reclaman la reincorporación de más de 1300 despidos y contra el desguace del hospital público más grande del país.
Reiteramos el repudio a la política represiva del gobierno de Macri y exigimos la inmediata derogación de la norma publicada en el boletín oficial.